MUFACE, pilar clave para la salud de los funcionarios, enfrenta retos en su modelo de colaboración público-privada. Las tensiones en los convenios con aseguradoras y los crecientes costos sanitarios destacan la necesidad de revisar el sistema.
El "modelo MUFACE", la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, va camino de cumplir 50 años envuelto en la polémica, y con serias dudas acerca de su continuidad.
Porque, si bien es verdad que su origen, que se remonta a la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, perseguía revertir las diferencias derivadas del gran número de Mutualidades y sistemas de cobertura creados hasta el momento, que se traducían, tal y como dice el preámbulo de la norma, en agravios comparativos tan notables como "la carencia, por parte de un amplio colectivo de funcionarios, de prestaciones tan fundamentales como la de asistencia sanitaria", la situación actual del mercado asegurador, sumado a las presiones políticas, económicas y sociales, hacen que los propios mutualistas, los sindicatos e incluso los profesionales sanitarios se cuestionen el futuro de un sistema que, mejor o peor, hasta la fecha había, al menos, funcionado.
I. Qué es MUFACE
Con un millón y medio de mutualistas, el "modelo MUFACE" se constituye como uno de los mayores ejemplos de colaboración público-privada en el ámbito sanitario de nuestro país, siendo la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado "el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos".
De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de noviembre –a partir de un informe titulado 'MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud'–, de esos 1.5 millones de mutualistas, "1.007.322 personas han escogido recibir la asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas (ASIS, ADESLAS y DKV). Esto supone que un 32,7 % de la población mutualista de MUFACE recibe asistencia sanitaria por medio de la prestación del Sistema Nacional de Salud, mientras que el 67,3 % la recibe por parte de aseguradoras privadas".
La mayoría de los mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria (65 %), y el 17 % pertenece a alguno de los cuerpos de la Administración General del Estado.
II. El prolongado debate sobre el convenio de MUFACE
Así lo explica el citado informe 'MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud':
"El pasado 8 de octubre, el Consejo de Ministros autorizó a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a celebrar los conciertos para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios que opten a recibirla a través de entidades de seguro; para ello, se realizó una oferta de más de 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones de euros para 2026, siendo un incremento de algo más del 17 % respecto al concierto anterior", siendo el caso que "ninguna empresa aseguradora decidió optar a este concierto, quedando desierto".
Sea como sea, los problemas empezaron mucho antes: el desajuste entre los fondos destinados por MUFACE y los crecientes costos de la asistencia sanitaria lleva años generando tensiones constantes. Por su parte, las aseguradoras han expresado su preocupación por el impacto de la inflación y el envejecimiento de los beneficiarios, lo que eleva la demanda de atención –y la vuelve compleja y costosa–.
"Ante esta situación, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, tiene ante sí dos opciones: tratar de mejorar la oferta para hacerla más atractiva para las empresas aseguradoras o prorrogar durante 9 meses el concierto actual, como permite la Ley de Contratos del Sector Público, y abordar el tránsito de los mutualistas de MUFACE a la prestación de servicios sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud", según se pronuncia la Secretaría de Estado de Sanidad en el informe señalado.
Pero ¿qué supondría cada una de las alternativas?
Opción A: Absorción por parte del Sistema Nacional de Salud
Por mucho que las autoridades competentes anuncien que "el sistema de mutualidades de MUFACE surgió en un momento en el que el Sistema Nacional de Salud era un embrión de lo que es en la actualidad y donde aún no se había desarrollado un fuerte sistema de provisión pública que tuviera capacidad para dar respuesta a la totalidad de la población española", la realidad no deja de ser otra.
Hoy por hoy, y según los datos que arroja el informe sobre el 'Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario', redactado en septiembre por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), las consecuencias de un cambio de modelo se traducirían en:
- Una mayor presión asistencial, es decir, mayores dificultades asociadas a la accesibilidad del paciente y a la sobrecarga de los profesionales de atención primaria y urgencias del Sistema Nacional de Salud.
- El aumento significativo de las listas de espera, que, en cuestiones quirúrgicas, podrían verse incrementadas en un 115 %; y en consultas externas, hasta en un 266 %.
- Una mayor ocupación hospitalaria, "donde para paliar las estimaciones de listas de espera de consultas y cirugías, en términos de infraestructura, el sistema público necesitaría añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3.8 % de su capacidad actual a nivel nacional".
- Un incremento considerable de las inversiones y el gasto sanitario. Teniendo en cuenta el gasto sanitario per cápita de los mutualistas (1.013 €) y de los usuarios del Sistema Nacional de Salud (1.736 €), se estima que, "en términos de gasto, el cambio de modelo actual supondría a las cuentas de estado un aumento de 1.214 millones de euros anuales.
- El cierre de centros privados. Concretamente, IDIS calcula que "la pérdida del modelo de mutualismo administrativo podría suponer el cierre de hasta 21 centros sanitarios". Además, "el cierre de centros también repercutiría sobre la presión asistencial del sistema nacional de salud y por ende en los pacientes".
En el fondo, y tal y como nos dijo en su momento el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, el doctor José Carlos del Castillo, "la atención sanitaria pública no se limita a los centros públicos. También se lleva a cabo en centros privados concertados, bajo la financiación del Sistema Público de Salud. Un ejemplo de esto son los funcionarios públicos dependientes de mutualidades –como MUFACE o ISFAS, entre otras– que reciben atención en centros privados".
Opción B: Prorrogar el concierto
Por el momento, y tras las protestas de los sindicatos y de los propios mutualistas, parece ser la solución que mayores apoyos cosecha, pero hasta de ella se derivan problemas. Porque, de las compañías aseguradoras con las que MUFACE firmó un convenio para el periodo 2022-2024, es decir, de SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV, Mapfre, Nueva Mutua Sanitaria y Sanitas, sólo 3 (SegurCaixa, Adelas y Asisa) siguen promoviendo la asistencia sanitaria entre los mutualistas.
Tal y como concluye IDIS, "si se analiza la evolución en los últimos 10 años, el gasto público en Sanidad ha experimentado un aumento del 53 % (...), mientras que el incremento de las primas de mutualidades ha sido del 32 %, representando una diferencia de 21 pbs. En este punto, las aseguradoras están valorando en base a la oferta que realice el Gobierno para el nuevo convenio, participar o no en el nuevo concurso".
Dicho de otra manera: "es necesaria una revisión del modelo para reformular al alza una financiación a las mutualidades ya que las subidas con respecto al convenio anterior no son suficientes para cubrir el aumento de los costes. En definitiva, las compañías aseguradoras están registrando pérdidas como consecuencia de la prima insuficiente para poder prestar una asistencia sanitaria de calidad. Si la financiación no se mejora de forma significativa en el próximo concierto, es probable que algunas de las compañías aseguradoras firmantes del último convenio no procedan a la firma del nuevo previsto para el 2025"
III. El paradigmático "caso MUFACE" y la realidad de los seguros de salud (complementarios)
Sin duda, el transcurso –y desenlace– del ya conocido como "caso MUFACE" seguirá dando de qué hablar entre los funcionarios mutualistas, el Gobierno –especialmente, entre el Ministerio de Sanidad y el de Transformación Digital y de la Función Pública–, el sector asegurador y distintos actores sociales, económicos y políticos; pero, por ahora, nos ayuda a entender una figura –clave– dentro del ecosistema sanitario: los seguros de salud complementarios.
En este caso –como en otros tantos–, la asistencia sanitaria privada vinculada a MUFACE –o, directamente, a las compañías aseguradoras–, lejos de sustituir, representa un complemento que fortalece el acceso a los servicios sanitarios esenciales, permitiendo reducir los tiempos de espera, acceder a tratamientos innovadores y elegir a los mejores profesionales; beneficiando a los asegurados –y a las aseguradoras– de forma directa, sí, pero también aliviando la carga del Sistema Público –para que pueda centrarse en los casos más complejos y apremiantes–.
Por supuesto, no todos los seguros de salud funcionan igual –y, evidentemente, no todos cuentan con las mismas garantías o coberturas–, pero, tal y como establece la Constitución española en su artículo 41, "la asistencia y prestaciones complementarias serán libres", es decir, cada cual tendrá derecho a decidir –libremente– el modo en que se acerca –u opone– a según qué alternativas, tal y como reclaman, hoy por hoy, los funcionarios civiles del Estado.
